En este mes se conmemora el sexagésimo cuarto aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU el 10
de diciembre de 1948, con el objetivo de darle a la humanidad un
ideario de paz que sirviese de referente en la solución de los
conflictos dentro de los Estados y entre Estados.
De acuerdo con la Declaración, el obligado para garantizar los
derechos humanos es el Estado, en tal sentido nuestra Constitución en su
artículo uno dice: El Salvador reconoce a la persona humana como el
origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la
consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.
Así mismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el
instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado
asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la
salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
Ahora bien, al Fiscal General de la República, le corresponde
defender los intereses del Estado y de la Sociedad y para la sociedad es
claro que su mejor y mayor interés es que sus derechos pasen de ser una
declaración a un prestación real y por ello el mayor desafío del recién
electo Fiscal licenciado Luís Antonio Martínez, está vinculado a que
los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 1
de nuestra Constitución y aquellos relacionados con los derechos
individuales, los económico sociales y los políticos, tengan una
contraparte cierta en nuestra realidad nacional.
En esa lógica de pensamiento el señor Fiscal no debe dar la espalda a
las denuncias de corrupción que el actual gobierno ha presentado; de
oficio debe abrir investigaciones sobre las millonarios actos de
enriquecimiento ilícito de los gobiernos de ARENA; está obligado a
depurar y volver eficiente la acción de justicia de la Fiscalía, en
defensa de la legalidad y a corto plazo mostrar notables y valientes
señales de que no convivirá con la impunidad, tal como lo hicieran sus
antecesores, ni actuará sumiso, frente a poderes fácticos sean estos
económicos, políticos, militares o del crimen organizado ya que sólo con
una actuación de real independencia de estos poderes, el licenciado
Luís Antonio Martínez, será un buen defensor de los intereses y Derechos
Humanos de la Sociedad, con lo que honrará la confianza que de forma
unánime la Asamblea Legislativa le depositó al nombrarlo como Fiscal
General de la República.
Por Ing. Mauricio Mejía, Director de Radio Maya Visión
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