Pese a que el gobierno de Funes está dando algunos pasos importantes, aún hay mucho trecho que recorrer en materia del respeto a los derechos más elementales.
GINEBRA- El Estado salvadoreño, por primera vez a manos del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), reconoció este martes ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que arrastra una deuda histórica con su población y con la comunidad internacional, en materia de cumplimiento de derechos humanos.
El viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Carlos Castaneda, señaló, en el marco del Examen Periódico Universal (UPR, por sus siglas en inglés) de la ONU, que “El Salvador debe reconocer que arrastra una deuda histórica con su propia población y con la comunidad internacional, en materia del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Castaneda admitió también que en el pasado las relaciones con organismos internacionales encargados de proteger los derechos humanos no han sido las mejores, debido a que nunca fue prioritaria la atención seria de los numerosos esfuerzos, recomendaciones, informes y aportes brindados por los diferentes sistemas de protección. Pero el nuevo gobierno, llegado el pasado 1 de junio, dará un giro “gradual pero irreversible” a ese sistema de trabajo, enfatizó.
Durante 20 años, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó El Salvador de 1989 a junio del 2009, se mostró reacia a cumplir con las recomendaciones y condenas emitidas por organismos internacionales de derechos humanos.
Un claro ejemplo de dicha negativa fue el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, quienes fueron capturadas por militares del Batallón Atlacatl en 1989, en el marco de un operativo militar realizado durante el conflicto armado (1980-1992).
Este caso se convirtió en la primera condena internacional en contra el Estado salvadoreño en 2005, pero hasta la fecha muchas de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúan sin cumplirse.
Aunque el nuevo gobierno de Mauricio Funes ya dio ciertos avances con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, y se ha comprometido a dar asistencia psicológica a los familiares de las niñas Serrano Cruz. Todavía siguen sin brindar los nombres de los responsables del operativo militar e investigar el paradero de las niñas.
Gobierno de cambio en tela de juicio
Castaneda, junto a su comitiva, el embajador de El Salvador en Ginebra, Byron Larios y el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, David Morales; manifestó tener la disposición de someterse a todos los procedimientos especiales de protección que son ejercidos en el marco de la acción del Consejo de Derechos Humanos.
A pesar de dicha posición, instancias internacionales, como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) considera que falta mucho camino por recorrer en cuanto a las promesas vertidas por el gobierno recién instaurado en El Salvador.
En los últimos días el gobierno salvadoreño se ha caracterizado por pedir perdón y estar más abierto a someterse a procesos evaluadores en cumplimiento de derechos humanos. Recientemente, en el marco de la XVIII conmemoración de los Acuerdos de Paz, el pasado 16 enero, el presidente Funes pidió perdón por todos los crímenes y sufrimiento causado a las víctimas del conflicto armado, hecho muy aplaudido a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, para algunos como el director de la OMCT, Eric Sottas, todavía es muy temprano para decir que en verdad se esté dando un cambio.
“Por el momento estamos al nivel de las promesas. Es una señal muy positiva (pedir perdón) pero he visto a varios gobiernos hacer eso”, dijo Sottas.
Es necesario, agregó, realizar acciones concretas, pues las promesas son fáciles de hacer. Reflexionó que no se puede decir si de Centroamérica, El Salvador es el que comete menos o más violaciones a derechos humanos pues cada país tiene su propia historia.
“No es el mejor pero tampoco es el peor. No ha habido un golpe de Estado, que ya es algo (en alusión al reciente golpe de Estado perpetuado en Honduras), pero se utiliza el ejército (en labores de seguridad pública) lo que demuestra que hay un problema serio”, dijo.
“Es una lástima ver un gobierno de izquierda que dice que viene justamente para dar más justicia social, decir que necesita el ejército -para dar seguridad-”, lamentó.
Según Sottas utilizar el ejército sólo demuestra una falla del Estado para gobernar. “Un estado donde esas tensiones (violencias y delincuencia) no pueden ser discutidas o resueltas a nivel político demuestra que hay un problema”.
El pasado 6 de noviembre, el gobierno lanzó a la calle a 2,500 soldados para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en tareas de seguridad pública, los cuales se sumaron a los 1,300 que la antigua administración había dejado acompañando a los miembros policiales.
A pesar de dicha medida los índices delincuenciales y de homicidios se dispararon en 2009. En ese año se registraron 4,365 homicidios, es decir 76 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Según denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) el ejército ha realizado violaciones contra los derechos humanos incluso algunas similares a las utilizadas en el tiempo de guerra como la tortura.
Entre galantería y críticas
A pesar de que muchos países miembros de la ONU felicitaron a El Salvador por su valor de reconocer la falta en derechos humanos y sus intensiones de someterse y responder adecuadamente a los mecanismos internacionales de derechos humanos, este país fue altamente criticado por la falta de una política integral contra las violaciones y homicidios contra las mujeres. También por la fallas en la protección de la niñez y la violencia intrafamiliar de la que son víctimas.
El primer informe de las nuevas autoridades del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) indica que de enero a septiembre de 2009 esa institución atendió a 822 mujeres por agresión sexual; 2,024 por maltrato a la niñez y 5,069 por violencia intrafamiliar, dentro de su Programa de Saneamiento de la Relación Familiar. Cabe aclarar que este programa atiende tanto a mujeres adultas como a niñas, y a familias en su conjunto.
También ese mismo informe refleja que las mujeres continúan siendo las más agredidas sexualmente, ya que en 2008 de los 4,589 casos registrados el 89.78% fueron mujeres.
Además evidencia que la mayoría de violaciones sexuales son cometidas por familiares (padre, madre, hermano, tío, abuelo, esposo) y personas conocidas (compañeros de trabajo, de estudio, jefe).
Según cifras reveladas por colectivos de mujeres, en este país cada 30 horas una mujer es asesinada. Nueve de cada diez mujeres fueron asesinadas por su pareja o ex parejas.
Así también El Salvador fue cuestionado por el alto grado de impunidad que impera en el país y hostigamiento y persecución de activistas de la sociedad civil, y se citó el caso de Marcelo Rivera, el ambientalista asesinado en junio de 2009 presuntamente por su activismo en contra de la minería.
Además los miembros de la ONU destacaron su preocupación por la serie de violaciones que cometen los agentes de la PNC y la alta impunidad que impera en el país.
En el 2009 según la PDDH de El Salvador la institución que más violento los derechos humanos fue la PNC: de las 8,803 quejas recibidas, 1,580 eran en contra de la institución policial.
Por Magdalena Flores [ENVIADA ESPECIAL]
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